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La Ley 50\/1999, de 23 de diciembre, sobre el r\u00e9gimen jur\u00eddico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, aborda la regulaci\u00f3n normativa referente a la tenencia, adiestramiento y manejo de animales potencialmente peligrosos, al objeto de preservar la seguridad de personas, bienes y otros animales.<\/p>\n
La citada Ley establece las caracter\u00edsticas de los animales que merecen la consideraci\u00f3n de potencialmente peligrosos, tanto los de la fauna salvaje en estado de cautividad, en domicilios o recintos privados, como los dom\u00e9sticos. No obstante, con respecto a estos \u00faltimos, remite al posterior desarrollo reglamentario la relaci\u00f3n concreta de las razas, tipolog\u00edas raciales o cruces interraciales, en particular de las pertenecientes a la especie canina, que por sus caracter\u00edsticas morfol\u00f3gicas, su agresividad y su acometida, puedan suponer una amenaza para la integridad f\u00edsica y los bienes de las personas.<\/p>\n
En cumplimiento de lo expuesto, el presente Real Decreto establece el cat\u00e1logo de los animales de la especie canina que pueden ser incluidos dentro de la categor\u00eda de animales potencialmente peligrosos y que, por lo tanto, se ven afectados por los preceptos de dicha Ley.<\/p>\n
Por otra parte, procede dictar las medidas precisas en desarrollo de la Ley, exigibles para la obtenci\u00f3n de las licencias administrativas que habilitan a sus titulares para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, en particular, los criterios m\u00ednimos necesarios para la obtenci\u00f3n de los certificados de capacidad f\u00edsica y aptitud psicol\u00f3gica, y la cuant\u00eda m\u00ednima del seguro de responsabilidad civil por da\u00f1os a terceros, ocasionados por los mismos.<\/p>\n
Por \u00faltimo, se establecen las medidas m\u00ednimas de seguridad que, con car\u00e1cter b\u00e1sico, se derivan de los criterios de la Ley, en cuanto al adecuado manejo y custodia de los animales potencialmente peligrosos.<\/p>\n
El presente Real Decreto se dicta al amparo de la habilitaci\u00f3n contenida en el art\u00edculo 149.1.29.a de la Constituci\u00f3n, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de seguridad p\u00fablica.<\/p>\n
En la tramitaci\u00f3n han sido consultadas las Comunidades Aut\u00f3nomas y las entidades representativas del sector.<\/p>\n
En su virtud, a propuesta del Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior y del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaci\u00f3n, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci\u00f3n del Consejo de Ministros en su reuni\u00f3n del d\u00eda 22 de marzo de 2002.<\/p>\n
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